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Incrementa la presión internacional sobre Maduro por falta de transparencia en elecciones

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Viernes 16 de Agosto, 2024

Una creciente coalición de países, junto a la Unión Europea, ha exigido al gobierno de Nicolás Maduro la divulgación completa y verificable de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En un comunicado conjunto, estos actores internacionales señalaron que hasta la fecha “no se han presentado las actas originales que respalden los resultados anunciados el 2 de agosto”, lo que genera dudas sobre la legitimidad del proceso.

El grupo de naciones, que incluye a países de América, Europa y África, expresó su preocupación por la publicación de una versión digital de más del 80% de las actas electorales, la cual muestra resultados distintos a los comunicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En su declaración, instaron a una verificación independiente e imparcial, preferiblemente a cargo de una entidad internacional, para asegurar que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

El llamado se apoya en un informe preliminar del Panel de Expertos de la ONU, que subrayó la falta de transparencia y las deficiencias del CNE durante y después de las elecciones. Los países firmantes, entre los que se incluyen Argentina, España, Estados Unidos y la Unión Europea, recalcaron la importancia de estos esfuerzos para reflejar la auténtica voluntad de los votantes.

Además, el comunicado condenó la represión y la violencia ejercida contra manifestantes opositores en Venezuela, que ha resultado en numerosas muertes durante el período postelectoral. Los firmantes exigieron el cese inmediato de la violencia, la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión.

Por último, la declaración instó al gobierno de Maduro a respetar la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, permitiendo la expedición de salvoconductos para opositores refugiados en embajadas extranjeras y solicitó el regreso inmediato de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para garantizar el cumplimiento de sus funciones en Venezuela.