Miércoles 2 de Octubre, 2024
El Gobierno argentino anunció este miércoles la revocación del estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), un beneficio del cual gozaba desde diciembre de 2019. Según informó el Ministerio de Justicia, esta medida fue tomada al considerar que Morales había hecho un uso indebido del refugio con fines políticos.
El gobierno de Javier Milei argumentó que la administración anterior, bajo el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023), concedió este estatus como una “herramienta política”, sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley argentina en materia de refugiados.
Morales pierde el refugio concedido en 2019
El exmandatario boliviano había recibido el refugio durante el mandato de Fernández, quien mantenía una relación cercana con Morales. Tras su salida de Bolivia, en medio de lo que denunció como un golpe de Estado, el gobierno argentino lo consideró un “perseguido político”. Sin embargo, una de las condiciones para concederle el refugio fue que se abstuviera de realizar declaraciones políticas desde Argentina.
Este miércoles, el Ministerio de Justicia explicó que Evo Morales llegó a Argentina tras “huir de Bolivia en 2019 luego de intentar mantenerse en el poder mediante un fraude electoral”. Añadieron que Morales fue recibido con “privilegios injustificados”, a pesar de las acusaciones de corrupción, fraude electoral y persecución de opositores que pesaban en su contra.
“No protegeremos a criminales ni a dictadores”
El comunicado del gobierno argentino subraya que, desde su llegada a Argentina, Morales ha vuelto a participar activamente en la política de su país y ha viajado libremente a Bolivia, donde su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), sigue en el poder bajo el liderazgo de Luis Arce. Esto, según las autoridades argentinas, demuestra que Morales ya no enfrenta los peligros que justificarían su condición de refugiado.
Finalmente, el gobierno de Milei dejó en claro que el estatus de refugiado debe ser otorgado con responsabilidad, y no como un favor político. “No utilizaremos los recursos del país para proteger a quienes atentan contra la democracia o siembran el terror”, concluye el comunicado.
