Sábado 5 de Octubre, 2024
La reciente decisión del Gobierno de repatriar a 10,000 migrantes haitianos en situación irregular por semana ha generado preocupación en sectores clave de la economía, como la construcción y la agricultura. Aunque algunas organizaciones empresariales han preferido mantener silencio, otros actores han expresado su postura ante la medida.
La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocivici) manifestó su apoyo a los esfuerzos del Gobierno para regular la migración laboral, destacando la importancia de implementar un plan que permita seguir contando con trabajadores extranjeros de manera legal. Sandy Rodríguez, presidente de Aprocivici, subrayó la necesidad de garantizar que este proceso respete los derechos humanos y no afecte negativamente al sector de la construcción, el cual provee viviendas a muchas familias dominicanas. Rodríguez también señaló que la mano de obra extranjera tiene una influencia significativa no solo en la construcción, sino también en la agricultura y el turismo.
En contraste, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) aseguró que la repatriación no afectará directamente al turismo. David Llibre, presidente de Asonahores, afirmó que actualmente se cumple con la normativa laboral que exige un 80% de empleados dominicanos y un 20% de extranjeros, todos en situación regular. Llibre enfatizó que el sector ha adaptado sus prácticas para alinearse con las políticas migratorias vigentes.
Por su parte, Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), destacó que esta acción del Gobierno refuerza la soberanía del país para manejar sus políticas migratorias. No obstante, advirtió que el proceso debe realizarse con prudencia para evitar la expulsión de migrantes en situación regular y evitar así el impacto en sectores económicos que dependen de esa mano de obra.
El Gobierno ha reiterado que la medida de repatriar 10,000 migrantes indocumentados semanalmente responde a la necesidad de controlar el flujo migratorio y mitigar las implicaciones económicas y de seguridad que conlleva.
