Viernes 17 de Enero, 2025
SANTO DOMINGO.- El presunto narcotraficante Joel Ambioris Pimentel García, conocido como “La J”, fue puesto en libertad en España tras haber sido detenido por supuestas amenazas contra la procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, y por liderar una red criminal desmantelada en la Operación Halcón IV.
Según declaraciones de su abogado, Tomás B. Castro Monegro, la liberación de Pimentel García se efectuó hace varios meses, luego de que las autoridades españolas determinaran que la solicitud de extradición presentada por la Procuraduría General de la República carecía de fundamento legal. La solicitud vinculaba a “La J” con el asesinato del recluso Alejandro Vidal (alias Alex) en la cárcel El Pinito, en La Vega.
Pimentel García también fue acusado de haber amenazado a la procuradora Germán Brito después del traslado de varios reos en la mencionada prisión, donde supuestamente ejercía control para realizar actividades ilícitas. Sin embargo, las amenazas no fueron incluidas en la solicitud de extradición enviada a las autoridades españolas fuera del plazo estipulado.
El presunto narcotraficante fue arrestado el 29 de mayo de 2024 en San Sebastián de los Reyes, España, tras una alerta roja emitida por la Policía Internacional, que lo vinculaba con los asesinatos de los reclusos Alejandro Vidal y Gregorio Matos Carrasco. Las autoridades dominicanas tenían un plazo de 45 días para enviar la documentación requerida para su extradición, pero los documentos llegaron tarde, lo que llevó a su liberación provisional en España.
Aunque las autoridades dominicanas depositaron el expediente en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 12 de julio de 2024, y este fue remitido a la embajada dominicana en España el 24 de julio, el proceso se retrasó, lo que permitió que “La J” fuera puesto en libertad bajo medidas cautelares.
A pesar de su liberación, la solicitud de extradición sigue vigente, y Pimentel García podría enfrentar cargos en los tribunales dominicanos por violaciones a los artículos 295, 296 y 301 del Código Penal, con penas de hasta 30 años de prisión.
