Portada » Suben a 108 las querellas contra Antonio y Maribel Espaillat por colapso en discoteca Jet Set

Suben a 108 las querellas contra Antonio y Maribel Espaillat por colapso en discoteca Jet Set

Compartir en

Martes 17 de Junio, 2025

La cifra de querellas y denuncias contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat ascendió este martes a 108, según fuentes del Ministerio Público del Distrito Nacional. Ambos están imputados por homicidio involuntario, tras el derrumbe de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida el pasado 8 de abril y que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.

Entre las nuevas acciones legales figuran las de Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, hijas del fallecido merenguero Rubby Pérez. Ambas exigen justicia por la muerte de su padre, mientras que su tía, la diputada Lidia Pérez, expresó su respaldo a las jóvenes y reafirmó que la familia llegará hasta las últimas consecuencias legales.

Orden de arresto en curso

El pasado 9 de junio, el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras. Al día siguiente, Antonio se presentó de forma voluntaria ante la Procuraduría General de la República junto a su abogado.

La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó la detención a solicitud del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, basándose en las evidencias que los vinculan al delito de homicidio involuntario, contemplado en el artículo 319 del Código Penal dominicano.

Responsabilidades compartidas

Las primeras querellas fueron presentadas por familiares de las víctimas Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauny Cedano, quienes también incluyeron en sus acusaciones al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por supuesta negligencia en la supervisión del establecimiento.

Más adelante, se sumaron los padres de Melissa Yismel Tejada Sosa y Gustavo Noel Suero Mella, representados legalmente por el abogado Félix Humberto Portes. Los denunciantes sostienen que las muertes pudieron evitarse si se hubiesen cumplido las normas de seguridad y supervisión correspondientes.