Jueves 14 de Agosto 2025
Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que la reciente sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional confirma que el Ministerio Público actuó de manera sesgada y con intenciones políticas en los procesos judiciales contra exfuncionarios y dirigentes de la organización, quienes resultaron absueltos.
La dirigencia peledeísta resaltó que el veredicto, que descargó a varios de sus miembros, evidencia que nunca existió la supuesta “estructura criminal” que, por más de cinco años, el órgano acusador vinculó al partido. Según el PLD, las acusaciones carecieron de pruebas reales y respondieron a un intento por asociar a la organización con actos contrarios a sus principios y prácticas institucionales.
En un comunicado, el partido señaló que el Ministerio Público vulneró derechos fundamentales durante el proceso, dañó reputaciones y promovió filtraciones y declaraciones infundadas que fueron amplificadas por algunos medios de comunicación.
“La justicia debe sustentarse en evidencias, no en titulares de prensa. Este caso ha demostrado que las imputaciones no contaban con respaldo legal ni probatorio”, enfatizó la declaración.
El PLD también cuestionó que en el expediente se incluyera a personas que, desde un principio, debieron ser descartadas por falta de pruebas. A su juicio, se trató de un caso construido para proyectar la existencia de una red criminal inexistente y perseguir figuras políticas específicas.
Para la organización morada, la sentencia refleja cómo durante cinco años se sustituyó el debido proceso por campañas de descrédito dirigidas desde el poder político, en lo que consideran un ejemplo de lawfare o judicialización de la política.
“Este tipo de prácticas debilita la democracia, afecta la credibilidad de las instituciones y distorsiona la lucha legítima contra la corrupción, transformándola en un mecanismo de retaliación política”, agregó.
El PLD reafirmó su compromiso con la verdad, el respeto a la ley y la defensa de las libertades públicas, al tiempo que advirtió que seguirá vigilante frente a cualquier intento de afectar la independencia judicial o criminalizar la actividad política en el país.
