Jueves 13 de Noviembre 2025
Santiago, RD.– El Ministerio Público apeló la decisión emitida por la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, que modificó las medidas de coerción a varios agentes policiales acusados de participar en la muerte de cinco jóvenes durante un operativo realizado el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita.
La audiencia de apelación fue fijada para el martes 18 de noviembre, fecha en la que el tribunal deberá revisar la resolución que benefició a parte de los imputados. De acuerdo con la decisión cuestionada, cuatro agentes —el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación— continúan bajo prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Mientras tanto, otros siete uniformados fueron favorecidos con medidas menos severas, consistentes en el pago de una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país. Entre ellos figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
Los policías son procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez, quienes perdieron la vida en el estacionamiento de una plaza comercial de La Barranquita.
Aunque la versión oficial de la Policía Nacional indica que se trató de un intercambio de disparos, el Ministerio Público sostiene que cuenta con evidencias que apuntan a una ejecución extrajudicial, por lo que considera injustificada la variación de coerción para parte de los acusados.
Desde el suceso, familiares de las víctimas y residentes del sector han exigido justicia, denunciando que los jóvenes fueron ultimados sin motivo aparente.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar el proceso hasta las últimas consecuencias, con el objetivo de garantizar que este hecho no quede impune y se impongan sanciones ejemplares a los responsables de lo que califican como un crimen que ha estremecido a toda la sociedad santiaguera y al país en general.
