Martes 16 de junio 2026
Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras hallarlos culpables de integrar una red de corrupción que operó en instituciones militares y de seguridad del Estado entre 2012 y 2020.
La sentencia, emitida la madrugada de este martes luego de más de once horas de lectura, también ordena el pago de RD$5,000 millones al Estado dominicano como reparación por los daños ocasionados por el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral.
El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, declaró a Cáceres Silvestre y Torres Robiou culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado, entre otros delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas.
Por su parte, Núñez de Aza fue condenado por asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
Asimismo, el tribunal condenó a 15 años de prisión a la pastora Rossy Guzmán Sánchez y le impuso una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público, tras encontrarla culpable de incremento patrimonial ilícito y participación en la estructura de corrupción.
Las juezas concluyeron que los acusados aprovecharon sus posiciones en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para desviar recursos públicos mediante diversas maniobras fraudulentas destinadas a beneficiar económicamente a los integrantes de la red.
La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público presentara una amplia cantidad de pruebas documentales, periciales y testimoniales que sustentaron la acusación contra los implicados.
Además de las principales condenas, el tribunal impuso sanciones a otros acusados vinculados al caso Coral, considerado por las autoridades como uno de los mayores esquemas de corrupción administrativa investigados en la historia reciente de la República Dominicana.
Operación Coral
La investigación se inició tras la Operación Coral, ejecutada en abril de 2021, y posteriormente fue ampliada con la Operación Coral 5G y otros procesos relacionados.
Según el Ministerio Público, la estructura era liderada por Adán Cáceres Silvestre y utilizaba instituciones como el CUSEP y el CESTUR para desviar fondos públicos mediante nóminas irregulares, apropiación de recursos destinados a la alimentación y manutención del personal, pagos indebidos y otras operaciones fraudulentas.
Las autoridades sostuvieron que los acusados acumularon bienes y recursos económicos que no podían justificar con sus ingresos legales, razón por la que fueron procesados por delitos de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Con esta sentencia, la justicia dominicana emite uno de los fallos más severos contra altos oficiales militares procesados por corrupción, estableciendo un precedente en la persecución de delitos cometidos desde funciones públicas.
