Sábado 20 de Junio 2026
Santo Domingo.– El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la apertura a juicio contra el exsenador de Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez, al considerar que existen pruebas suficientes para que responda ante un tribunal por su presunta implicación en el entramado de corrupción conocido como Operación Calamar.
La decisión fue emitida por la jueza Sofía Bruno De Los Santos, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El proceso judicial contra Calderón se conoce por separado del expediente principal luego de que el tribunal ordenara dividir el caso debido a situaciones de salud que afectaban al exlegislador durante el desarrollo de la investigación.
Durante la audiencia preliminar, la defensa de Calderón, representada por el abogado Wilson Beriguete, solicitó un auto de no ha lugar, argumentando que su cliente no participó en los hechos que le atribuye el Ministerio Público. Sin embargo, el tribunal entendió que las evidencias presentadas justifican la celebración de un juicio de fondo.
De acuerdo con la acusación, el exsenador habría formado parte de una estructura dedicada a gestionar pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. El órgano acusador sostiene que estas operaciones tenían como propósito desviar recursos del Estado para financiar actividades políticas vinculadas a la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público también asegura que Calderón utilizó su influencia ante funcionarios de alto nivel para facilitar desembolsos millonarios y que, posteriormente, exigía comisiones a los propietarios beneficiados con dichos pagos. Las investigaciones estiman que habría obtenido beneficios ilícitos por más de RD$165 millones. Asimismo, se le atribuye el uso de presuntos testaferros y empresas para ocultar el origen de los fondos.
Con esta decisión, Rafael Calderón deberá enfrentar un juicio en el que se determinará si tiene responsabilidad penal en los hechos que le imputa el Ministerio Público dentro del caso Calamar.
