Miércoles 8 de julio 2026
Senador respalda la creación de una comisión bicameral para revisar el Código Penal y plantea fortalecer las garantías constitucionales sobre la libertad de expresión e información
Santo Domingo.– El senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, propuso este miércoles que los delitos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información dejen de ser castigados con penas privativas de libertad y que, en su lugar, se establezcan sanciones de carácter económico, en el marco del proceso de revisión del Código Penal.
Durante su intervención en el Senado de la República, el legislador sostuvo que la República Dominicana debe adoptar un modelo similar al de otros países de la región. Explicó que en Argentina y Panamá las sanciones por estos delitos son económicas, mientras que en Perú incluyen sanciones económicas y servicios sociales. Agregó que incluso en Nicaragua las sanciones contempladas para estos casos son de naturaleza económica.
Bautista afirmó que la protección de la libertad de expresión constituye un pilar esencial del sistema democrático y citó las declaraciones ofrecidas recientemente por la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campus, durante la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, en las que definió la libertad de expresión como “el oxígeno de la democracia” y advirtió sobre los riesgos que implica limitar ese derecho.
El senador recordó que la Constitución dominicana de 2010 reconoce la libertad como un derecho fundamental en varios de sus artículos, entre ellos el 49, que garantiza a toda persona el derecho a expresar libremente sus ideas, pensamientos y opiniones, así como a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, sin censura previa.
Indicó que estas disposiciones constitucionales protegen el ejercicio del periodismo, las investigaciones, las denuncias ciudadanas, las publicaciones en medios de comunicación, las plataformas digitales y las redes sociales, al considerar que sin libertad de expresión resulta imposible fiscalizar la gestión pública, denunciar actos de corrupción y fortalecer la participación democrática.
Asimismo, saludó la decisión del presidente del Senado de proponer la creación de una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados, para analizar las propuestas de modificación al Código Penal junto a representantes de distintos sectores de la sociedad.
Durante el debate también fueron citados los planteamientos del jurista Cristóbal Rodríguez, quien consideró que la reforma del Código Penal debe garantizar principios esenciales del Estado democrático, como la seguridad jurídica, la legalidad de las penas, la libertad de expresión e información y el respeto al principio de bicameralidad.
Rodríguez planteó, además, la necesidad de eliminar figuras penales ambiguas o imprecisas, especialmente las relacionadas con la difamación, la injuria y el ultraje a funcionarios públicos, al entender que podrían entrar en conflicto con los derechos constitucionales y con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión.
El jurista también sugirió que el proceso de discusión incluya temas como la responsabilidad penal de las empresas, el ejercicio de la medicina, la violencia de género y las disposiciones vinculadas al aborto, con el objetivo de lograr un Código Penal ajustado a la Constitución y a los principios del Estado de derecho.
