Jueves 27 de agosto 2026
Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Bancas y Operadores de Apuestas Deportivas (ADOBAD) solicitó al presidente Luis Abinader intervenir ante el Proyecto de Ley General de Juegos de Azar y promover una revisión integral de la iniciativa antes de que sea conocida por el Senado.
La entidad advirtió que varias de las disposiciones contempladas en el proyecto podrían generar efectos económicos y sociales de gran alcance, entre ellos afectar miles de empleos, crear incertidumbre para las inversiones existentes y propiciar una expansión acelerada de los juegos electrónicos y virtuales.
ADOBAD expresó especial preocupación por la posibilidad de que estos juegos se multipliquen a través de las agencias hípicas, al considerar que una expansión de esta modalidad podría dificultar la fiscalización del sector y aumentar los riesgos asociados con la ludopatía.
La organización también llamó la atención sobre las más de 29 mil licencias aprobadas por la Comisión Hípica Nacional, al advertir que una proliferación de establecimientos y plataformas dedicadas a juegos de azar podría incrementar la exposición de niños, niñas y adolescentes a este tipo de actividades.
Según ADOBAD, el proyecto de ley, en su redacción actual, también podría profundizar problemas relacionados con el ordenamiento, la regulación y el control del mercado de juegos de azar, además de generar inseguridad jurídica para operadores que han realizado inversiones durante décadas.
La asociación aclaró que respalda la aprobación de una Ley General de Juegos de Azar, pero sostuvo que la normativa debe establecer reglas claras, fortalecer los mecanismos de supervisión estatal y garantizar condiciones de seguridad jurídica para los operadores formales.
En ese sentido, pidió ser tomada en cuenta durante el proceso de discusión de la iniciativa y manifestó su disposición de presentar al presidente Abinader sus observaciones y propuestas.
ADOBAD planteó que sus aportes buscan contribuir a la construcción de una legislación que permita organizar el sector, elevar los niveles de transparencia y fiscalización, garantizar seguridad jurídica a las inversiones y establecer mecanismos de protección social frente a los riesgos asociados con los juegos de azar.
