Viernes 1 de Agosto, 2025
Este viernes, la jueza Sandra Heredia dictó una sentencia histórica en Colombia: el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria, pena que deberá cumplirse de forma inmediata. El fallo, que ya había sido anticipado por algunos medios antes de su lectura oficial, representa un hito en la historia judicial del país sudamericano.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y fue una figura clave en la elección de sus sucesores, enfrenta la condena por los delitos de fraude procesal en dos ocasiones y soborno de testigos en tres instancias. Según la jueza, entre 2017 y 2018 el exmandatario, a través de terceros, ofreció beneficios a exparamilitares para que declararan a su favor ante los tribunales.
El caso, que ha mantenido en vilo al país durante más de un año a través de audiencias públicas seguidas como una verdadera serie judicial, tomó un giro sorpresivo con la severidad de la pena impuesta: incluso superior a los 9 años solicitados por la Fiscalía. La jueza también ordenó el traslado inmediato de Uribe a su finca en el municipio de Rionegro, Antioquia, donde cumplirá la prisión domiciliaria.
A pesar de que la defensa argumentó que el exmandatario había colaborado con el proceso y podía esperar en libertad la decisión en segunda instancia, la jueza optó por la línea más estricta. Ahora, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que deberá pronunciarse antes de octubre para evitar la prescripción del caso. La defensa ya ha anunciado su intención de apelar.
Esta decisión tiene fuertes implicaciones políticas, especialmente para el partido Centro Democrático, fundado por Uribe. Su figura ha sido central en las campañas electorales de su colectividad, y su condena llega en un momento sensible, con las elecciones presidenciales y legislativas del 2026 en el horizonte.
El senador Miguel Uribe Turbay, principal precandidato del partido, continúa recuperándose de un atentado sufrido en junio, lo que agrava el panorama para la colectividad. Algunos de sus integrantes ya han comenzado a hablar de “lawfare”, acusando una persecución política desde el sistema judicial, argumento que ha encontrado eco incluso en voces extranjeras, como el senador estadounidense Marco Rubio.
El caso contra Uribe surgió a raíz de una denuncia que él mismo presentó en la Corte Suprema contra el congresista Iván Cepeda. Sin embargo, el alto tribunal archivó esa investigación y, en cambio, abrió un proceso contra el propio expresidente, al considerar que fue él quien intentó manipular testigos.
En medio del proceso, Uribe renunció a su fuero de senador para que su caso pasara a la justicia ordinaria, bajo una Fiscalía que en ese momento era dirigida por Francisco Barbosa, un aliado político. Pese a varios intentos por cerrar la investigación, los jueces insistieron en llevarla a juicio, el cual quedó finalmente en manos de la jueza Heredia.
Entre las pruebas clave que sustentaron la condena se encuentran los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien grabó conversaciones con Diego Cadena, abogado de Uribe, y con la ayuda de su pareja, Dayanira Gómez, aportó audios validados por el tribunal. También fueron fundamentales las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado, que revelan una relación directa en las gestiones ante los testigos.
Uribe, por su parte, ha declarado que está concentrado en preparar su defensa para las próximas etapas del proceso. “Las crisis más difíciles son las que afectan en lo personal”, escribió en redes sociales. “Estoy enfocado en la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa”.
De mantenerse la sentencia en segunda instancia, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema, donde paradójicamente comenzó toda esta historia judicial que hoy reconfigura el mapa político colombiano.
