Miércoles 11 de Junio, 2025
Santiago.– El comunicador Ángel Martínez compareció este miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde se le impusieron medidas de coerción que incluyen impedimento de salida del país, presentación periódica y el uso de grillete electrónico.
Martínez, conocido por sus declaraciones en su canal de YouTube, es investigado por una serie de querellas por difamación, injuria y extorsión, la mayoría relacionadas con acusaciones emitidas públicamente contra figuras de la vida política y social dominicana. A diferencia de su actitud habitual, el comunicador llegó en silencio y visiblemente cabizbajo al Palacio de Justicia.
Según fuentes cercanas al proceso, ya se han presentado más de 20 denuncias formales en su contra, y se prevé que la cifra aumente en los próximos días. En algunos casos, las víctimas alegan haber sido extorsionadas, lo que agrava aún más la situación legal del acusado.
Una de las demandas más sonadas fue presentada por el exministro Roberto Fulcar, quien solicita una indemnización de 50 millones de pesos por presuntos daños y perjuicios. La querella está sustentada en los artículos 367, 371 y 372 del Código Penal, así como los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
De igual forma, la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful, emprendió acciones legales contra Martínez y la también figura pública Ingrid Jorge. En su demanda, Raful exige el pago de 50 millones de pesos a cada uno, acusándolos de atentar contra su honor mediante declaraciones difamatorias.
Por otro lado, una nueva querella fue interpuesta por los abogados Elim Sepúlveda y Juandy Durán en representación de Sandra Eugenia de la Rosa, quien acusa a Martínez de haberla estafado por un monto de 300 mil dólares. Según el expediente, Martínez le habría prometido influencias en agencias como la CIA y el FBI para resolver asuntos legales pendientes.
Asimismo, el periodista Vargavila Riverón denunció a Martínez por vincularlo públicamente con sectores criminales. Riverón presentó formal querella en la Fiscalía del Distrito Nacional, exigiendo una compensación de 10 millones de pesos por la supuesta difamación, sustentada con pruebas audiovisuales extraídas del canal de YouTube del acusado.
A todo esto se suma una querella del diputado Gory Moya, quien también acusa a Martínez de difamación e injuria. En este caso, el tribunal del Distrito Nacional fijó para el 26 de junio la próxima audiencia.
Pese a las acusaciones, Martínez se ha defendido alegando que su historial de residencia y trabajo en EE.UU. demuestra su compromiso con la legalidad. Sin embargo, las medidas impuestas reflejan la gravedad del proceso judicial que ahora enfrenta.
