Jueves 24 de Octubre, 2024
Santo Domingo.– El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, reconoció que el fraude eléctrico en la República Dominicana ha aumentado en diversos sectores, a pesar de los esfuerzos por controlarlo. Indicó que esta problemática sigue afectando a muchas áreas del país, pero aseguró que están tomando medidas para enfrentarla de manera más eficiente.
“Lamentablemente, el fraude eléctrico sigue presente en nuestro país. Lo que estamos haciendo es buscar cómo ser más eficientes en su combate. De hecho, en los próximos días presentaremos una propuesta de revisión normativa en la superintendencia para mejorar el rol de las distribuidoras y la Procuraduría General de la República en la persecución de este delito”, afirmó Astacio.
El fraude eléctrico, considerado un delito penal, implica la apropiación ilegal de energía eléctrica con fines de beneficio propio o de terceros. La Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley 186-07, establece diversas sanciones para quienes cometan este ilícito, las cuales varían según el consumo sustraído:
Para consumos de baja tarifa:
Energía inferior a 1,000 kWh: de tres a cinco días de prisión o multas de tres a cinco salarios mínimos.
Energía entre 1,000 y 2,000 kWh: de cinco a diez días de prisión o multas de cinco a diez salarios mínimos.
Energía superior a 2,000 kWh: de diez a veinte días de prisión o multas de diez a veinte salarios mínimos.
Para consumos en tarifas con demanda:
Potencia hasta 20 KW: de tres a seis meses de prisión y multas de 40 a 80 salarios mínimos.
Potencia entre 20 KW y 50 KW: de seis meses a un año de prisión y multas de 80 a 160 salarios mínimos.
Potencia superior a 50 KW: de uno a dos años de prisión y multas de 160 a 320 salarios mínimos.
Astacio reiteró el compromiso de las autoridades para enfrentar este problema con mayor rigor, buscando soluciones a largo plazo que permitan reducir el impacto del fraude eléctrico en la nación.