Lunes 24 de agosto 2026
Los denunciantes aseguran contar con certificaciones oficiales que cuestionan documentos utilizados para sustentar el procedimiento de cobro y anunciaron que acudirán al Ministerio Público.
LA ALTAGRACIA.– Un grupo de ciudadanos argentinos denunció presuntas irregularidades en un proceso de cobro que terminó con el embargo de sus cuentas bancarias en la provincia La Altagracia, situación que, según afirmaron, será puesta formalmente en conocimiento del Ministerio Público y otras autoridades competentes.
De acuerdo con la versión ofrecida por los afectados, en el procedimiento habría sido utilizada una compulsa notarial vinculada a un pagaré que supuestamente figuraba registrado ante el ayuntamiento correspondiente.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que posteriormente solicitaron una certificación oficial a la institución municipal y que, conforme al documento recibido, el referido registro no aparecería en sus archivos.
Los afectados también aseguran haber realizado otras verificaciones relacionadas con el acto notarial empleado durante el proceso, cuyos resultados, según indican, generan dudas sobre la documentación presentada y las circunstancias en que habría sido instrumentada.
Pese a los cuestionamientos planteados, el procedimiento tuvo consecuencias económicas concretas, ya que las cuentas bancarias de los ciudadanos fueron embargadas.
Según explicaron, la medida ha dificultado el cumplimiento de compromisos familiares, escolares y comerciales, además del pago de alquileres y otras obligaciones. Indicaron que todavía se encuentran cuantificando los daños económicos que atribuyen al embargo.
Los denunciantes señalaron que cuentan con certificaciones, documentos y otras actuaciones que serán depositadas ante las autoridades para solicitar una investigación que permita determinar la autenticidad de la documentación utilizada y establecer si existió alguna responsabilidad legal.
Asimismo, indicaron que en el proceso habría participado un abogado de La Altagracia que, según su versión, también mantiene vínculos con la actividad política y el ejercicio de una función pública.
No obstante, los nombres de las personas señaladas no fueron divulgados, a la espera de que el caso sea formalmente sometido y respetando el debido proceso.
Entre los aspectos que solicitan esclarecer figuran la existencia y localización del pagaré original, la constancia oficial de su supuesto registro y las posibles responsabilidades en caso de comprobarse que fueron utilizadas informaciones o documentos irregulares para obtener el embargo.
“Esta no es una acusación improvisada ni un conflicto personal. Estamos hablando de cuentas bancarias embargadas, familias afectadas y daños económicos concretos. Todo será colocado en manos de las autoridades”, expresaron los denunciantes.
Los afectados señalaron además que cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por los organismos competentes, independientemente de la posición política, función pública o nivel de influencia de las personas que pudieran resultar involucradas.
Hasta el momento, según la información suministrada por los denunciantes, el caso se encuentra en proceso de preparación para su sometimiento formal ante las autoridades, que serán las responsables de investigar los hechos y establecer si existen infracciones y responsabilidades.
