Miércoles 18 de Marzo 2026
SANTO DOMINGO.– El diputado Carlos De Pérez, representante del partido Fuerza del Pueblo por la provincia La Romana, presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Orgánica de Pensión Alimentaria que busca transformar de manera profunda el sistema vigente en el país.
La iniciativa plantea la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la supervisión del cumplimiento. En ese sentido, se contempla la creación del Registro Nacional de Alimentantes (RENADA), el cual estaría conectado con entidades como el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y el sistema financiero, permitiendo un monitoreo constante de los obligados.
Con este sistema, se podrían generar alertas automáticas en casos de incumplimiento, activando medidas legales apenas cinco días después del vencimiento, sin que la parte afectada tenga que iniciar un proceso judicial.
El proyecto también promueve mayor transparencia mediante la obligatoriedad de realizar los pagos a través del sistema bancario, garantizando así un registro claro y verificable de cada transacción.
En el aspecto económico, la propuesta introduce la indexación automática de las pensiones de acuerdo con la inflación, con el objetivo de evitar la pérdida de su valor en el tiempo. Además, establece la retroactividad de la deuda desde el momento en que se interpone la demanda y su carácter imprescriptible mientras el beneficiario sea menor de edad.
Otro de los puntos relevantes es la simplificación de los procesos, apostando por un modelo más ágil y menos burocrático que facilite el cumplimiento de esta obligación.
En cuanto a las sanciones, el proyecto endurece las medidas contra los deudores, quienes podrían enfrentar restricciones como la imposibilidad de renovar documentos oficiales, salir del país o realizar ciertas actividades comerciales. También se contempla el arresto nocturno como mecanismo de presión, sin afectar la capacidad laboral del obligado.
La propuesta amplía además el alcance del derecho a la pensión, extendiéndolo hasta los 21 años si el beneficiario continúa estudiando, reconociendo este derecho desde la etapa prenatal e incluyendo la responsabilidad de los hijos hacia padres en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, incorpora mecanismos de cooperación internacional para ubicar y exigir el cumplimiento a deudores que se encuentren fuera del país, con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma, se plantea la creación de un Fondo de Emergencia de Sustento Alimentario para garantizar apoyo en casos de insolvencia comprobada.
El legislador subrayó que la iniciativa busca un equilibrio entre derechos y responsabilidades. Indicó que la persona demandada deberá demostrar sus ingresos y que quien administre la pensión tendrá que rendir cuentas sobre el uso de los recursos. Añadió que, en caso de comprobarse que un hombre no es el padre, la mujer deberá reembolsar el dinero recibido por concepto de pensión.
Con esta propuesta, De Pérez pretende no solo actualizar la legislación, sino también asegurar que el derecho a la alimentación sea garantizado mediante un sistema efectivo y no dependa de la voluntad de quien debe cumplirlo.
