Santo Domingo, RD.– El avance de la tecnología y la creciente sofisticación de las redes criminales plantean nuevos desafíos para los sistemas de justicia, las instituciones y la ciudadanía, coincidieron especialistas nacionales e internacionales durante el panel “Cibercriminalidad y sociedad: desafíos contemporáneos”, organizado por la Universidad APEC (Unapec) y el Observatorio Global de Ciencias Jurídicas y Cambio Global para el Desarrollo.
El encuentro reunió a autoridades, juristas y expertos de varios países, quienes analizaron las nuevas modalidades delictivas que se desarrollan en los entornos digitales y la necesidad de fortalecer las herramientas jurídicas, tecnológicas e institucionales para enfrentarlas.
Durante el panel, la jurista Angelán Casasnovas alertó sobre los riesgos asociados al uso indebido de herramientas digitales, especialmente en períodos electorales, debido a la posibilidad de manipular contenidos e influir en la percepción y las decisiones de los ciudadanos.
Ante esta realidad, planteó la necesidad de contar con una legislación integral en materia de ciberseguridad que establezca normas claras para la protección, administración y utilización responsable de los datos, tanto en el ámbito público como privado.
Por su parte, el general retirado Claudio Miguel Antonio Peguero Castillo, asesor en Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, señaló que la prevención y la educación son elementos esenciales para disminuir la cantidad de personas afectadas por delitos digitales.
Peguero Castillo explicó que modalidades como el phishing, las estafas mediante WhatsApp y el robo o secuestro de cuentas continúan siendo frecuentes, debido, entre otros factores, al desconocimiento de las técnicas de ingeniería social utilizadas por los delincuentes para engañar a sus víctimas y obtener información personal o financiera.
También consideró necesario continuar fortaleciendo las unidades especializadas de la Policía Nacional y el Ministerio Público, además de actualizar el marco legal y ampliar la formación de jueces, fiscales e investigadores en ciberdelincuencia y manejo de evidencias digitales.
En tanto, Keren Riquelme Cabrera, directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, destacó la importancia de profundizar la colaboración entre los países de la región para enfrentar estructuras criminales que operan sin respetar las fronteras.
La especialista propuso incrementar el intercambio de inteligencia, información estratégica y experiencias entre los Estados, al considerar que las organizaciones delictivas han desarrollado mecanismos para coordinar sus operaciones a nivel internacional.
Desde Guatemala, la magistrada de la Corte de Apelación Elia Perdomo identificó varios obstáculos que dificultan la investigación de los delitos cibernéticos, entre ellos el anonimato de los responsables, la facilidad con que pueden desaparecer o modificarse los datos digitales y la utilización de infraestructuras tecnológicas ubicadas en diferentes países.
Perdomo también expresó preocupación por el empleo de plataformas y herramientas digitales para facilitar delitos relacionados con la trata de personas, especialmente aquellos que involucran a menores de edad. En ese contexto, planteó la creación de tribunales especializados y mayores inversiones en tecnología para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.
Mientras que Gladys Martínez, magistrada y jueza de Garantías Penales de Ecuador, resaltó la necesidad de establecer mecanismos efectivos de coordinación entre las fuerzas policiales, los organismos judiciales y los gobiernos.
Martínez sostuvo que el intercambio oportuno de información y la existencia de canales de comunicación confiables son fundamentales para desarrollar investigaciones y operaciones conjuntas contra organizaciones criminales que actúan en varios territorios.
Asimismo, advirtió que los cambios de gobierno pueden provocar interrupciones en determinadas políticas de seguridad y justicia, por lo que defendió la implementación de estrategias de Estado que permitan mantener una respuesta permanente frente a la criminalidad, independientemente de los ciclos políticos.
El encuentro contó también con las intervenciones del Dr. Jorge Corporán, presidente del Observatorio Global de Ciencias Jurídicas, y del Dr. Jephté Lamy, presidente de Cambio Global para el Desarrollo, quienes resaltaron el valor de promover espacios académicos que permitan analizar las transformaciones que experimenta la criminalidad como consecuencia del desarrollo tecnológico.
La actividad fue moderada por el Lic. Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades de Unapec.
Entre los asistentes estuvieron Rosi Orozco, exdiputada de México y presidenta de la Fundación Unidos Contra la Trata de México; Leonor Farray, directora de Posgrado de Unapec; y Aurora Espinosa, abogada, conferencista internacional, catedrática universitaria e investigadora.
Con este panel, Unapec reafirmó su compromiso de impulsar espacios de análisis y debate sobre los desafíos que enfrenta la sociedad ante la transformación tecnológica, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias para contribuir al desarrollo de respuestas jurídicas e institucionales más efectivas frente a la ciberdelincuencia.
