Sábado 5 de Octubre, 2024
Santo Domingo– A mitad de semana, el Ministerio Público dio inicio a la “Operación Camaleón”, que resultó en la detención de varias personas acusadas de integrar una red dedicada al desfalco y fraude contra el Estado, entre otros delitos.
Según la orden de arresto, entre los detenidos se encuentra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a quien se señala como “coautor y principal facilitador” de un esquema de corrupción relacionado con la modernización del sistema de semáforos y videovigilancia en el Gran Santo Domingo. Las investigaciones revelaron presuntas irregularidades en una licitación otorgada a la empresa Transcore Latam, vinculada a José “Jochi” Gómez-Canaán, otro de los imputados.
Los fiscales resaltaron que la licitación, que ascendió a RD$ 1,200 millones, fue aprobada a pesar de que el Intrant no disponía de los fondos necesarios. El Ministerio Público acusa a los implicados de crear una asociación delictiva para desviar recursos. Inicialmente, el Intrant solo había presupuestado RD$ 104 millones para la modernización de los semáforos, pero el valor del contrato fue inflado en más de un 1,000 %.
Hugo Beras, en su rol de director del Intrant, supuestamente gestionó que los fondos faltantes fueran cubiertos por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), de acuerdo con la Ley núm. 491-06 de Aviación Civil. Así, en mayo de 2023, el IDAC transfirió RD$ 1,200 millones en tres pagos: RD$ 240 millones en junio, RD$ 600 millones en septiembre y RD$ 360 millones en noviembre.
Acusados y cargos adicionales
Además de Beras y Gómez-Canaán, en el expediente figuran otros involucrados, como Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Mirna Ortiz, encargada de litigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), señaló que la investigación continúa en curso, y no se descarta la inclusión de más personas en el proceso judicial.
El grupo también enfrenta cargos por falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
