Jueves 12 de Septiembre, 2024
SANTO DOMINGO, RD.– Diversas organizaciones internacionales, como Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela, han denunciado que altos funcionarios del gobierno venezolano están vinculados con redes de narcotráfico, utilizando a la República Dominicana como un punto clave en el tráfico de drogas hacia Europa. Entre los implicados destaca Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y Justicia de Venezuela.
Un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitido el 18 de mayo de 2018, acusó a Cabello de organizar el envío de drogas desde Venezuela, utilizando la República Dominicana como una escala antes de que los cargamentos llegaran a Europa. Cabello también ha sido señalado por su participación en el lavado de activos, narcotráfico y corrupción, convirtiéndose en una figura clave en la desestabilización política de Venezuela y en la violación de derechos humanos en el país.
Estados Unidos ha ofrecido desde 2020 una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, varios países han adoptado medidas similares debido a las numerosas acusaciones que enfrenta Cabello.
La preocupación no solo recae en las actividades delictivas del ministro venezolano, sino también en la creciente influencia de actores venezolanos en otros países, especialmente en la República Dominicana. Transparencia Venezuela ha destacado que la nación caribeña se ha convertido en un punto estratégico para actividades ilícitas vinculadas a Venezuela, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la corrupción.
A pesar de la magnitud de estas operaciones, las autoridades dominicanas han avanzado poco en la persecución judicial de estos delitos. Desde 2015, solo se han registrado tres investigaciones judiciales vinculadas a estos crímenes en el país, lo que demuestra una falta de acción contundente.
Uno de los casos más relevantes en República Dominicana es el del Banco Peravia, donde se emitieron órdenes de arresto contra banqueros venezolanos implicados en fraudes millonarios. Entre los acusados destacan José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, este último ya condenado en Estados Unidos. Sin embargo, el alcance de estas investigaciones parece limitado ante la magnitud del problema.
Otros casos que involucran la comercialización ilegal de oro y el lavado de dinero siguen sin resolverse. Un actor clave en estas actividades es Samark López Bello, un empresario venezolano investigado en Estados Unidos por narcotráfico y corrupción, con conexiones en varios países.
En un seminario organizado por Participación Ciudadana y otras entidades internacionales, Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, hizo un llamado a las autoridades dominicanas a prestar mayor atención a los casos de corrupción vinculados a Venezuela. De Freitas advirtió sobre la posible expansión de la impunidad venezolana hacia otros países, incluido República Dominicana.
El seminario también abordó la creciente problemática del tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero, subrayando la importancia de endurecer las sanciones y reformas legales para evitar que los facilitadores financieros continúen operando sin enfrentar consecuencias graves.
El informe de Transparencia Venezuela, hasta agosto de 2023, reveló que 258 investigaciones vinculadas a la corrupción venezolana estaban en curso en 29 países, con Estados Unidos liderando las acciones judiciales. Estas actividades ilegales generaron más de 13,000 millones de dólares en ingresos ilícitos en 2023, lo que representa un considerable porcentaje del Producto Interno Bruto de Venezuela, evidenciando el impacto de estas actividades criminales en la economía del país.
Los expertos presentes en el seminario destacaron la necesidad de una cooperación internacional más efectiva y sanciones más duras contra aquellos que facilitan y se benefician de estas redes de corrupción transnacional.
