Martes 28 de julio 2026
Tribunal autoriza medidas cautelares reales contra Dynex Energy Group, Dynex Energy RD y su representante en el país por un presunto incumplimiento de un acuerdo de participación en el proyecto de generación eléctrica de Azua.
Santo Domingo.– La jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, impuso una medida de coerción real consistente en embargos e hipoteca judicial provisional hasta por US$5 millones, o su equivalente en RD$300 millones, contra las sociedades Dynex Energy Group y Dynex Energy RD, así como contra su representante en la República Dominicana, Carlos Matamoros Bregni, en el marco de un litigio relacionado con el proyecto de generación eléctrica flotante que opera Karpowership en la provincia de Azua.
La decisión está contenida en la Resolución núm. 040-2026-TRMC-00006-A, emitida el 26 de mayo de 2026 y notificada a las partes el 2 de julio.
El tribunal acogió la solicitud presentada por la empresa Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), autorizando la ejecución de embargos retentivos, embargos conservatorios e hipoteca judicial provisional sobre los bienes de los demandados, al considerar que existe, de manera preliminar, un crédito con fundamento suficiente a favor de la parte querellante y riesgo de una eventual insolvencia de los imputados.
La controversia se origina en un acuerdo suscrito el 25 de mayo de 2018, mediante el cual Dynex habría designado de forma exclusiva a TEPC como socio local para el desarrollo del proyecto de generación térmica en República Dominicana. Según el documento, las partes acordaron distribuir los beneficios en un 55 % para TEPC y un 45 % para Dynex.
De acuerdo con la querella, el proyecto se concretó con la instalación de las barcazas de Karpowership Dominican Republic, que actualmente generan 188 megavatios desde Puerto Viejo, playa Los Negros, en Azua, bajo la concesión recomendada mediante la Resolución CNE-CD-006-2023.
La acción judicial sostiene que, entre marzo y abril de 2025, Dynex recibió pagos provenientes del proyecto por RD$15,098,459.04 y US$3,098,396.71, recursos sobre los cuales la empresa querellante afirma que le correspondía el 55 % pactado, monto que, asegura, nunca le fue entregado pese a múltiples reclamaciones extrajudiciales.
Como parte de las medidas autorizadas, el embargo retentivo también alcanza los pagos presentes y futuros que terceros deban realizar a los demandados por la operación del proyecto, hasta cubrir el monto de US$5 millones. En consecuencia, cualquier tercero notificado deberá retener dichos fondos y abstenerse de entregarlos a los embargados mientras permanezca vigente la medida.
Los abogados de la parte querellante, J. Lora Castillo y Jorge G. Lora Olivares, sostuvieron que su representada invirtió más de seis años en el desarrollo del proyecto mediante estudios técnicos, gestiones institucionales, viajes internacionales y apoyo especializado para viabilizar la iniciativa.
No obstante, la magistrada rechazó la solicitud de imponer una medida de coerción personal consistente en impedimento de salida del país contra Carlos Matamoros Bregni, al considerar que la condición de extranjero del imputado, por sí sola, no constituye un indicio suficiente de peligro de fuga.
