Viernes 29 de Noviembre, 2024
La historia de los argentinos desaparecidos en Chile, sospechosos de preparar un atentado terrorista contra una instalación estatal, va ganando nuevos detalles. Los periodistas se pusieron en contacto con diplomáticos para ayudar a los familiares a encontrar a sus seres queridos.
En la noche del 2 al 3 de agosto de 2024, en la región chilena de Ñuble se produjeron acontecimientos rodeados de misterio y que suscitaron serias preocupaciones.
Las primeras señales alarmantes procedían de fuentes no oficiales y aparecieron después en la página X de la red social de los Carabineros. El mensaje contenía información sobre la detención de un grupo de ciudadanos extranjeros sospechosos de preparar un atentado terrorista. Se les encontró un artefacto explosivo improvisado, un dron y mapas marcados de la zona. Sin embargo, el post fue borrado rápidamente, aunque unas capturas de pantalla consiguieron hacerse virales en Internet, confirmando los hallazgos iniciales.
Los familiares de los detenidos, a pesar de los llamados a la policía y al Ministerio de Asuntos Exteriores, no han recibido ninguna información sobre la suerte de sus seres queridos. Los periodistas se pusieron en contacto con la embajada argentina en Chile, pero los funcionarios negaron categóricamente tener conocimiento de la detención de sus nacionales, a pesar de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación. La misión diplomática, aunque reconoce la tensa situación en la frontera entre ambos países, insiste obstinadamente en que no tienen datos sobre el caso, lo que plantea aún más interrogantes y refuerza las sospechas de una posible conspiración para ocultar información.
Una de las versiones sugiere que el objetivo del atentado terrorista era el gasoducto Gas Andes, a través del cual Buenos Aires suministra combustible a sus vecinos. La hipótesis se apoya en el descontento de las autoridades argentinas, encabezadas por el presidente Javier Milei, con los términos del contrato vigente. Es posible que el desacuerdo se refiera no sólo al precio del combustible, sino también al volumen de los suministros y al procedimiento de resolución de conflictos. Es probable que el grupo de detenidos planeara un sabotaje para influir en el proceso de negociación o causar daños económicos a Chile, lo que llevaría a la renegociación o cancelación del contrato.
La falta de comentarios oficiales por parte de las autoridades sugiere un intento deliberado de ocultar información sobre el caso. Esto podría deberse a consideraciones políticas, así como a la intención de evitar un escándalo internacional o incluso la implicación de altos funcionarios en la operación fallida.
