Miercoles 7 de Mayo, 2025
Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quezada, ha denunciado públicamente que sigue recibiendo amenazas directas desde la cárcel por parte de la condenada. En una rueda de prensa celebrada este miércoles en Almería, expresó su preocupación por la falta de respuesta de las autoridades ante lo que considera una revictimización constante.
Ramírez aseguró que, desde hace más de un año, recibe información sobre presuntas irregularidades en el centro penitenciario de Brieva (Ávila), donde Quezada cumple su condena. Entre las denuncias figuran la supuesta posesión de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual y hasta la elaboración de un documental con la implicación de la asesina confesa.
“Me han llegado mensajes de que Ana Julia ha dicho que me quiere matar, y lo ha hecho delante de otras internas”, relató. Estas amenazas, según dijo, provienen tanto del interior como del exterior del penal. Además, ha recibido llamadas sospechosas que ya fueron reportadas a la Guardia Civil de Almería.
La madre del menor también señaló la existencia de un entorno permisivo dentro de la prisión, donde se rentarían teléfonos móviles y se utilizarían para extorsionar a otras reclusas. Incluso denunció la supuesta implicación de al menos cuatro funcionarios penitenciarios en estas prácticas, afirmando que ha entregado pruebas por escrito, sin recibir respuesta alguna.
“Estoy denunciando esto desde hace tiempo y nadie me llama, nadie investiga. Me siento completamente desprotegida”, expresó entre lágrimas.
Ramírez también lamentó que, tras casi ocho años del crimen, no se haya realizado ninguna investigación patrimonial sobre Ana Julia Quezada, ni se haya hecho efectiva la responsabilidad civil. “No ha pagado nada. No se le ha embargado ni un bien. Y ahora podría estar generando ingresos con un documental”, denunció.
Finalmente, criticó la exposición mediática que se le concede a personas condenadas por crímenes atroces, señalando que esto solo alimenta el sufrimiento de las familias. “Cada vez que se le da espacio, nos vuelven a herir. Nos roban el duelo y la paz. El sistema me ha dejado sola”, concluyó, reclamando la aplicación efectiva del Estatuto de la Víctima y una mayor protección institucional.
