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Mariana González denuncia tortura psicológica por la incertidumbre en excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

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Lunes 19 de Enero 2026

Mariana González, hija del presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia, afirmó este domingo que la prolongada espera y la forma en que se han manejado las excarcelaciones parciales de presos políticos en Venezuela constituyen una forma de tortura psicológica tanto para los detenidos como para sus familiares. 

A través de su cuenta en la red social X, González criticó la estrategia de “jugar con la expectativa de libertad” al anunciar liberaciones sin brindar información clara ni certezas sobre fechas, nombres o procedimientos. Según ella, esta situación genera ansiedad profunda, zozobra constante y un desgaste emocional significativo en quienes esperan noticias de sus seres queridos. 

Su denuncia se centra especialmente en el caso de su esposo, Rafael Tudares, quien permanece detenido desde enero de 2025. González aseguró que la incertidumbre prolongada y la falta de comunicaciones lo han afectado emocional y físicamente, al tiempo que su familia enfrenta una angustia constante por su situación. 

Organizaciones como la ONG Foro Penal y la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática han señalado que, desde el 8 de enero, entre 139 y 155 presos políticos han sido excarcelados, aunque persisten dudas sobre las cifras reales y la transparencia del proceso. 

Mientras tanto, familiares de detenidos han realizado vigilias pacíficas frente a centros penitenciarios como El Rodeo I, donde se han registrado esperas prolongadas y, en algunos casos, huelgas de hambre para exigir la liberación y mejores condiciones de reclusión. 

Por su parte, el régimen venezolano continúa afirmando que en el país no existen presos políticos, sosteniendo que todos los detenidos enfrentan cargos relacionados con delitos comunes. Sin embargo, estas declaraciones son rechazadas por organizaciones de derechos humanos y familiares, quienes mantienen que las detenciones arbitrarias, la incomunicación y la falta de garantías procesales siguen siendo prácticas frecuentes. 

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