Lunes 25 de Noviembre, 2024
SANTO DOMINGO, RD. – Este lunes, a las 2:00 de la tarde, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la medida de coerción contra los integrantes de una presunta red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, acusados de desviar al menos 900 mil proyectiles de los depósitos de la institución.
El caso, bajo investigación por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), es liderado por el procurador Wilson Camacho, quien informó que el número de implicados y el monto sustraído podrían cambiar a medida que avancen las pesquisas y se recuperen más municiones.
La red fue desarticulada como parte de la Operación Pandora, que inició en octubre pasado tras una solicitud del Ministerio de Interior y Policía junto al director general de la uniformada. Más de 200 agentes de unidades especiales y 40 fiscales participaron en los allanamientos realizados en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Entre los detenidos se encuentran:
• El coronel Narciso Antonio Féliz Romero, responsable de la custodia de las municiones.
• El subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
• El capitán Nelson Valdez, encargado del Depósito de Armas.
• El auditor Víctor Manuel Santos, acusado de falsificar auditorías para ocultar las irregularidades.
• El segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero en la región Cibao Central.
También fueron arrestados el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, y la civil Miguelina Bello Segura, quienes desempeñaban roles clave dentro de la organización.
Según el Ministerio Público, el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y presuntamente colaboró para manipular datos e intentar encubrir las irregularidades detectadas.
Durante la operación, se incautaron armas, municiones, dispositivos electrónicos, y se obtuvieron pruebas digitales, económicas y testimoniales que respaldan las acusaciones. Estas evidencias refuerzan la acusación presentada por el Ministerio Público ante el juez de instrucción.
El organismo destacó la importancia de este caso como un ejemplo de la efectividad de la colaboración interinstitucional para combatir el crimen organizado y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. “Este proceso representa un paso decisivo hacia la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho”, puntualizó el Ministerio Público.
