Lunes 28 de Julio, 2025
Santo Domingo.– El Ministerio de la Mujer expresó su firme oposición a la versión aprobada del proyecto de reforma del Código Penal por parte del Senado de la República, señalando que dicha propuesta representa un preocupante retroceso en la protección de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes en el país.
Como ente rector de las políticas públicas para la equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres, la institución lamenta que el Congreso no haya considerado las recomendaciones técnicas y científicas que, durante años, ha presentado a ambas cámaras legislativas.
Uno de los principales puntos de preocupación es la definición deficiente del feminicidio. La actual redacción no garantiza su aplicación adecuada, al eliminar elementos que permiten distinguirlo del homicidio común, debilitando así el reconocimiento de la violencia de género.
Asimismo, el Ministerio alerta sobre la forma en que el acoso y el acoso sexual han sido tratados, criticando la fragmentación del tipo penal, la reducción de penas y la omisión de manifestaciones como el acoso callejero y digital. Esto, a juicio de la entidad, impide una respuesta integral frente a este tipo de violencia.
En cuanto a la violencia intrafamiliar y de género, el Ministerio advierte que la nueva propuesta representa un paso atrás respecto al marco legal vigente (Ley 24-97), vulnerando estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La institución también considera fundamental ampliar el alcance de las órdenes de protección, proponiendo que se apliquen más allá de la violencia doméstica y de género, abarcando delitos como la trata de personas, el acoso y la violencia sexual.
Otro aspecto señalado es la falta de diferenciación en los tipos de violencia de género (física, psicológica, económica, digital, entre otras), lo que impediría una aplicación adecuada de la justicia y podría derivar en impunidad o revictimización.
Además, la tipificación de delitos sexuales en el proyecto de reforma es calificada como ambigua, fragmentada y con penas insuficientes, especialmente en casos como la violación conyugal, y sin un enfoque claro sobre el consentimiento.
Finalmente, el Ministerio de la Mujer insiste en la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo, en situaciones de riesgo para la vida de la madre, violación/incesto o inviabilidad fetal. Excluirlas, asegura la institución, constituye una violación a los derechos fundamentales y compromisos internacionales del Estado dominicano.
El Ministerio de la Mujer reafirma su disposición a mantener el diálogo abierto con los poderes del Estado y con los distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de contribuir a la construcción de un Código Penal moderno, que responda a los valores democráticos y garantice el respeto a la dignidad de las mujeres dominicanas. En este marco, la institución exhorta al Congreso Nacional a revisar y corregir los aspectos del proyecto que representan retrocesos, promoviendo una legislación penal justa, actualizada y alineada con los compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
