Jueves 14 de Mayo 2026
Santo Domingo.- Diversas organizaciones sociales, sindicales, campesinas y comunitarias solicitaron este jueves una transformación profunda de la Ley 87-01, que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social, al considerar que el modelo actual no garantiza derechos fundamentales ni una protección social efectiva para la ciudadanía.
La petición fue realizada por la Coalición por la Seguridad Social Digna junto a decenas de entidades sociales, quienes sostienen que el sistema vigente ha favorecido intereses privados por encima de las necesidades de la población trabajadora durante los 25 años de aplicación de la legislación.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones criticaron que el modelo esté basado en un esquema “mercantilista y privatizador”, señalando que beneficia principalmente a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mientras persisten dificultades para acceder a servicios médicos de calidad y a pensiones adecuadas.
Los grupos sociales aseguraron que el proceso de reforma representa una oportunidad para construir un sistema más justo y equitativo, aunque advirtieron sobre posibles modificaciones que, según afirman, podrían fortalecer aún más el modelo actual.
Entre sus principales reclamos, rechazaron propuestas orientadas a aumentar la edad de jubilación o incrementar las cotizaciones de los trabajadores. También se opusieron a que las AFP continúen administrando los fondos de pensiones con fines que consideran alejados del bienestar colectivo.
Asimismo, demandaron que cualquier reforma sea debatida de manera transparente y participativa, integrando a la sociedad civil y tomando en consideración los trabajos realizados en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, así como en las mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno.
Las entidades propusieron la creación de un sistema de pensiones público, solidario y universal, además de un seguro nacional de salud que elimine copagos y limitaciones de cobertura para los ciudadanos.
De igual manera, plantearon elevar la inversión pública en salud hasta alcanzar el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y defendieron la permanencia del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y de otros regímenes de protección social como derechos adquiridos.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno y al Congreso para que prioricen el interés colectivo en la discusión de la reforma. En caso de no lograrse acuerdos, sugirieron la posibilidad de convocar un referéndum para que sea la población quien decida el futuro del sistema de seguridad social en el país.
Entre las organizaciones participantes figuran Ciudad Alternativa, Foro Ciudadano, Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Unión Clasista de Trabajadores, ASODIFIMO, Escuela Multitemática, CONAMUCA, CODONBOSCO, CEPATODE y MOPESEP, entre otras entidades sociales del territorio nacional.
