Lunes 14 de Abril, 2025
Santo Domingo. – A pesar de que la República Dominicana dispone de leyes y normativas que regulan la construcción de obras públicas y privadas, garantizando en teoría la seguridad estructural desde su diseño y ejecución, el ingeniero geólogo Osiris de León advierte sobre una importante debilidad: la falta de una reglamentación que exija inspecciones periódicas a las edificaciones ya existentes.
De León, miembro de número de la Academia de Ciencias y coordinador de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas frente al Cambio Climático —instancia creada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 603-23—, considera prioritario establecer mecanismos legales que permitan evaluar regularmente la resistencia y el estado general de las construcciones.
La comisión está integrada por organismos técnicos y académicos como el CODIA, la UASD, la PUCMM, el INTEC, la UNPHU, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Vivienda (Mived) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie).
El especialista sostiene que si bien muchas construcciones cumplen con los estándares al momento de ser levantadas, con el tiempo pueden deteriorarse debido a múltiples factores, como vibraciones por obras cercanas, sismos recurrentes, tránsito vehicular pesado, uso de plantas eléctricas de alto volumen, o incluso la acción de la lluvia ácida.
Por ello, De León insiste en que es urgente establecer una normativa que regule la revisión continua de la resistencia estructural de las edificaciones, con el fin de prevenir riesgos y proteger vidas.
El ingeniero De León alertó sobre los riesgos que enfrentan muchas edificaciones en el país debido al impacto combinado de factores ambientales como la lluvia ácida y el salitre, así como a vibraciones causadas por construcciones cercanas. A su juicio, estas condiciones deben motivar la implementación de inspecciones técnicas periódicas en infraestructuras que reciben gran afluencia de personas, como escuelas, hospitales, iglesias, estadios y teatros, con el objetivo de garantizar su seguridad y estabilidad.
Según explicó, en zonas como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y Punta Cana-Bávaro, el sustrato rocoso proporciona una base sólida que favorece el comportamiento de las construcciones ante movimientos sísmicos. Sin embargo, las excavaciones con equipos pesados cerca de edificaciones existentes generan vibraciones que, con el tiempo, debilitan las estructuras al provocar microgrietas y disminuir su resistencia.
De León, quien ha dedicado años a estudiar los riesgos sísmicos en el país, también se refirió al efecto de la lluvia ácida sobre el concreto. Indicó que esta se origina por el alto contenido de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, lo que produce ácido carbónico (H₂CO₃), un compuesto que degrada lentamente el carbonato de calcio (CaCO₃) del cemento, reduciendo su capacidad de carga. Aunque el concreto se diseña con márgenes de seguridad, décadas de exposición pueden llevarlo a una condición crítica.
El especialista considera necesario establecer regulaciones que obliguen a realizar evaluaciones estructurales en edificaciones públicas o de uso masivo. También propuso rescatar prácticas tradicionales, como el uso de agua alcalina para preparar el hormigón, una técnica empleada por los romanos hace más de dos mil años, y que ayudaría a prolongar la vida útil de las estructuras.
Por último, advirtió que las ciudades costeras enfrentan un desafío particular por la constante exposición al salitre, que transporta cloruros capaces de corroer el acero de refuerzo dentro del hormigón. Al ser un material poroso, el concreto permite la penetración del vapor de agua salino y del agua de lluvia con CO₂, acelerando la oxidación interna. Este proceso reduce de forma significativa la resistencia estructural, especialmente en elementos ubicados en exteriores. Por esta razón, De León insistió en la necesidad de aplicar políticas de inspección preventiva que permitan identificar a tiempo los daños y actuar antes de que representen un peligro para la población.
