Jueves 15 de Mayo, 2025
La República Dominicana dio apertura oficial a la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), con un acto encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, y con la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, quien destacó las reformas implementadas para modernizar el sistema judicial del país.
Durante la ceremonia inaugural, Abinader resaltó la transformación profunda que vive la justicia dominicana, gracias a procesos como la digitalización de servicios, audiencias virtuales, centros de atención integral y mecanismos remotos. “Estas acciones no solo modernizan el sistema, sino que lo acercan a quienes más lo necesitan”, expresó.
La República Dominicana ejerce la Secretaría Pro Tempore de esta edición de la Cumbre para el período 2023-2025. El lema elegido es: “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, centrado en tres ejes: justicia oportuna, inclusiva y confiable.
El magistrado Henry Molina, también presidente del Consejo del Poder Judicial, enfatizó la necesidad de cooperación entre Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura. “Cooperar no es opcional, es un compromiso con la democracia”, afirmó. Destacó que durante las dos jornadas se discutirán avances, desafíos y propuestas concretas para mejorar los sistemas judiciales de la región.
Por su parte, la ministra uruguaya Elena Martínez Rosso, secretaria permanente de la Cumbre, presentó la agenda de la Asamblea Plenaria y valoró la amplia participación en esta edición. También intervino Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, quien destacó logros de la Cumbre como el Estatuto del Juez Iberoamericano, las Reglas de Brasilia y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
El evento contó con la presencia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por Luis Abinader, e integrado por altas autoridades del sistema judicial y legislativo del país.
La Cumbre Judicial Iberoamericana reúne a 23 países de la región y busca fortalecer los poderes judiciales mediante acciones conjuntas que consoliden la democracia y el acceso a la justicia.
Países miembros: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico.
