Miércoles 18 de Marzo 2026
San Salvador.– El Gobierno del presidente Nayib Bukele presentó este martes ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma constitucional que busca habilitar la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo.
La iniciativa fue introducida por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro , y plantea modificar el artículo 27 de la Constitución, el cual actualmente prohíbe las penas perpetuas junto a otras sanciones consideradas degradantes.
De aprobarse, la nueva redacción permitiría imponer prisión de por vida exclusivamente a quienes cometan estos delitos, incluyendo a integrantes de pandillas, en el marco de la estrategia gubernamental contra la criminalidad.
El funcionario adelantó que esta reforma implicaría ajustes en varias normativas, entre ellas el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Contra Actos de Terrorismo, con el fin de adecuarlas al nuevo marco legal.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro , aseguró que el órgano legislativo dará curso al proceso conforme a lo establecido, sin descartar que la aprobación pueda concretarse el mismo día, para luego ser ratificada.
La propuesta se enmarca en un contexto de cambios recientes al sistema constitucional. En enero de 2025, el Congreso salvadoreño aprobó una reforma que permite modificar la Constitución en una sola legislatura, eliminando el requisito previo de aprobación en dos periodos distintos.
Esta disposición reduce el proceso a una mayoría calificada de 45 de los 60 diputados, lo que ha facilitado la aprobación de otras medidas, como la reelección presidencial indefinida.
La iniciativa surge además cuando el país se acerca a cuatro años bajo el régimen de excepción implementado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, señaladas como responsables de gran parte de los homicidios.
Durante este periodo, más de 91 mil personas han sido detenidas bajo sospecha de vínculos con estos grupos, mientras que organizaciones de derechos humanos han denunciado la muerte de al menos 500 reclusos bajo custodia estatal, generando preocupación a nivel nacional e internacional.
