Miércoles 24 de junio 2026
San Salvador (EFE).- El Salvador continuará bajo un régimen de excepción, que suspende las garantías constitucionales a toda la población y que se ha señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos tras la aprobación este miércoles de una nueva prórroga de 30 días por parte de la Asamblea Legislativa.
La prórroga supone la número 52 desde que se aprobó la implementación de esta polémica medida, en marzo de 2022, y a la fecha ha dejado más de 92.480 detenciones de personas que son supuestamente miembros de pandillas o que tienen presuntos vínculos con dichas bandas.
De acuerdo con el decreto aprobado con 57 votos de 60 escaños del Congreso, dominado por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), se renueva por otros 30 días por «la aún existencia de grupos terroristas» que «de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos».
Además, se señaló que «se evidencia grandes avances alcanzados en la desarticulación de las organizaciones criminales». Sin embargo, «persiste la intensión, principalmente de grupos conformados por jóvenes, de activarse delictivamente y continuar realizando acciones para mantener su presencia en determinadas comunidades».
«Para neutralizar esos remanentes (de pandillas), que han sido detectados, es necesario que las autoridades de seguridad continúen desarrollando acciones», se agregó.
Esta nueva prórroga estará vigente hasta el próximo 29 de julio.
El origen de la decisión
Este régimen excepcional se aprobó en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, que ha dejado 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y se estima que más de 530 personas han muerto bajo custodia del Estado.
Esta crisis de asesinatos, que dejó más de 80 muertes en un fin de semana, fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.
El régimen de excepción, que es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras y para reducir la violencia, continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos para poner fin a su implementación.
La medida cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población y Bukele, cuya política antipandillasle consiguió su reelección inmediata a pesar de la prohibición constitucional.
Por su parte, su gabinete de Seguridad, aseguró que ha permitido combatir a las maras, liberar territorios que estas dominaban y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
