Sàbado 27 de enero, 2024
Tijuana.- Autoridades en la frontera norte de México alertan de que al menos 8.000 migrantes al mes pagan hasta 40.000 dólares a los coyotes (traficantes) por un “paquete de amparos”, con el que les prometen protegerlos de la deportación para un libre tránsito por el país.
David Pérez tejada, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, dijo en una entrevista con EFE que el número de personas que llegaron con estos amparos subió el último trimestre de 2023, con una tendencia mensual de 8.000 amparados en promedio, es decir, unas 300 personas por día.
El representante de Migración en el estado, fronterizo con California (EE.UU.), explicó que por lo regular estos amparos se promueven en Tabasco, Veracruz y otras entidades del centro del país.
Ahí, los coyotes los atrapan con la idea de un paquete “todo incluido” para llegar hasta ciudades fronterizas, como Tijuana, y de ahí cruzar de forma irregular a Estados Unidos.
Detalló que algunas personas desde que cruzan la frontera sur de México “ya vienen con esta especie de paquete, como si fuera una agencia de viajes».
«Ellos ya traen desde su país de origen a dónde los van a volar, qué selva van a cruzar y (la promesa) que van a cruzar irregular la frontera, pero con su amparo”, sostuvo.
Agregó que estos paquetes incluyen un billete de avión desde Tapachula, en el límite con Guatemala, o desde Ciudad de México hasta Tijuana.
Una vez que llegan a esta ciudad fronteriza, relató, muestran el amparo para su libre tránsito para que un “supuesto taxista o Uber los dirija a una casa de seguridad o punto para alojarlos por 24 horas o menos y que al día siguiente ya estén cruzando hacia Estados Unidos”.
Las investigaciones muestran que «cada paquete tiene un costo diverso dependiendo de la situación de los migrantes».
Pérez Tejada destacó que las personas que más llegan con estos amparos a Tijuana son los uzbekos y los chinos.
Pero el representante del INM advirtió que, aunque cuentan con este instrumento jurídico, eso no los exime de que un procedimiento administrativo si los agentes los interceptan, en el que deben cumplir 36 horas de retención como máximo antes de su liberación.